La inclusión laboral de personas con discapacidad es un tema que ha ganado relevancia en las políticas públicas de muchos países, y Chile no es la excepción. La promulgación de la Ley 21.690, en diciembre de 2020, marca un hito importante en el avance hacia una sociedad más inclusiva y equitativa. Esta ley introduce una serie de reformas que buscan garantizar el acceso al empleo y la permanencia en el mercado laboral de las personas con discapacidad, además de fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanciones a las empresas que no cumplan con las normativas. A continuación, detallamos los cambios más significativos que introduce esta ley y su impacto en las empresas y organismos públicos del país.
Uno de los cambios más notables que introduce la Ley 21.690 es el aumento de la cuota de inclusión laboral para personas con discapacidad o beneficiarios de pensiones de invalidez. Según la Ley N° 21.015, vigente desde 2017, las empresas de 100 o más empleados estaban obligadas a contratar al menos al 1% de trabajadores con discapacidad. Sin embargo, con la nueva legislación, este porcentaje sube al 2%.
El cambio, sin embargo, no será inmediato. La nueva cuota solo será exigible cuando las empresas y organismos públicos alcancen un 80% de cumplimiento de la cuota actual del 1%. Este enfoque gradual permite que las empresas se adapten a la nueva normativa antes de que entre en vigor la cuota del 2%. El Ministerio de Desarrollo Social será el encargado de emitir un informe anual sobre el cumplimiento de la normativa. Este aumento busca fomentar una mayor integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral y promover la igualdad de oportunidades.
Otro aspecto clave de la Ley 21.690 es el refuerzo de los mecanismos de fiscalización y la implementación de sanciones más severas para las empresas que no cumplan con la cuota de inclusión laboral. La Dirección del Trabajo y otros organismos competentes reciben mayores facultades para monitorear el cumplimiento de la ley, lo que garantiza que la inclusión de personas con discapacidad no se limite a un mero formalismo.
Las empresas que no cumplan con la normativa enfrentan sanciones que incluyen multas económicas y la pérdida de beneficios o subsidios otorgados por el Estado. Este enfoque busca evitar contrataciones simbólicas y garantizar que las personas con discapacidad sean verdaderamente integradas al entorno laboral, con todas las condiciones que esto implica.
Para facilitar el cumplimiento de las nuevas exigencias, la Ley 21.690 también incluye diversas medidas de apoyo a las empresas. Entre ellas, se encuentran incentivos económicos como subsidios para la contratación de trabajadores con discapacidad. Además, la ley establece programas de capacitación para empleadores y trabajadores, con el objetivo de mejorar la integración y el desempeño en un entorno laboral inclusivo.
Las empresas también recibirán orientación técnica sobre cómo adaptar sus instalaciones y procesos para ser más accesibles para las personas con discapacidad. Esto abarca desde la modificación de espacios físicos hasta la implementación de tecnología asistiva y la modificación de procedimientos laborales que garanticen la accesibilidad para todos los empleados.
A diferencia de la Ley N° 21.015, que solo se aplicaba a empresas con 100 o más empleados, la Ley 21.690 amplía su alcance para incluir también a empresas de menor tamaño y organismos públicos. Aunque la cuota de inclusión es obligatoria solo para aquellas empresas que superen un determinado número de empleados, la ley establece que todos los sectores, tanto públicos como privados, deben promover la inclusión laboral en todos los niveles, independientemente del tamaño de la empresa.
Este enfoque transversal asegura que la inclusión laboral no sea exclusiva de grandes corporaciones, sino que se convierta en un compromiso generalizado a nivel nacional, involucrando a todos los actores del mercado laboral.
La Ley 21.690 no solo establece un enfoque en la cantidad de contrataciones, sino también en la permanencia laboral de las personas con discapacidad. El objetivo es garantizar que no solo se logren contratos, sino que los trabajadores con discapacidad puedan mantener sus puestos de trabajo en un ambiente inclusivo y libre de discriminación.
La ley establece medidas preventivas contra la discriminación laboral y promueve políticas de igualdad de trato y oportunidades dentro del lugar de trabajo. Se busca, además, fomentar políticas de retención laboral, para evitar que los trabajadores con discapacidad sean despedidos injustificadamente o forzosamente.
El impacto de la Ley 21.690 será profundo, tanto en el sector privado como en el público. Se espera que, a través de una cuota más alta, mecanismos de fiscalización más estrictos y una mayor oferta de incentivos, las empresas adopten prácticas más inclusivas y se adapten a las nuevas exigencias. Las empresas más pequeñas, que hasta ahora han estado al margen de la obligación de inclusión, también se verán incentivadas a generar ambientes laborales accesibles.
Por su parte, las grandes corporaciones deberán fortalecer sus políticas internas de diversidad e inclusión y adaptarse a las nuevas normativas para evitar sanciones. En conjunto, estas medidas están orientadas a crear un entorno más inclusivo y justo para las personas con discapacidad, promoviendo la equidad laboral y una sociedad más integrada.
La promulgación de la Ley 21.690 es un paso decisivo en la construcción de una sociedad más inclusiva en Chile. Esta ley no solo aumenta la cuota de inclusión laboral, sino que también refuerza las herramientas de fiscalización, apoya a las empresas en el cumplimiento de la ley y promueve una cultura de inclusión laboral en todos los niveles. Aunque su implementación requerirá tiempo y esfuerzo, el impacto que tendrá en la equidad laboral y en la integración de las personas con discapacidad será significativo, ayudando a Chile a avanzar hacia un futuro más inclusivo y justo.
Fuentes Consultadas
